7 febrero 2022
En Colombia actualmente convergen crisis ambientales, sociales, económicas y políticas, que se han hecho más evidentes y visibles con la pandemia. Es en este contexto que, el gobierno nacional ha implementado políticas regresivas expedidas bajo el pretexto de la emergencia social y sanitaria, que en lugar de resolver estas crisis, han profundizado los niveles de pobreza y marginación de las poblaciones más vulnerables, la desigualdad e inequidad en acceso a los bienes fundamentales para la vida de los más débiles y también se ha aumentado la crisis política y la violencia, la corrupción generalizada y la pérdida de credibilidad en la institucionalidad, ingredientes que han sido detonantes para el estallido y movilización social en un rechazo generalizado a estas políticas.
En este número de la Revista Semillas, incluimos reflexiones que evidencian en la coyuntura actual, que los conflictos socioambientales en el país se han profundizado especialmente en los ecosistemas estratégicos y en los territorios de comunidades indígenas, afro y campesinos. Igualmente, compartimos varias iniciativas de organizaciones y comunidades indígenas, negras campesinas y urbanas, que implementan acciones de resistencia frente a estos modelos, que buscan cuidar y defender los territorios, el agua y la producción agroalimentaria sostenible.
Los conflictos socioambientales que actualmente se presentan en estos ecosistemas, han venido agravando la crisis climática y están estrechamente relacionados con los modelos extractivistas: minero-energético, deforestación, pérdida de la biodiversidad, producción agroindustrial, acaparamiento de tierras, degradación de suelos, contaminación y privatización del agua, entre otras, que han sido promovidos y controlados principalmente por inversionistas terratenientes, políticos y grupos armados, quienes han sido los responsables del despojo de sus territorios y los bienes comunes de los pueblos y comunidades, aniquilando a su vez, sus medios de sustento para garantizar su soberanía y autonomía alimentaria, constituyéndose en una clara violación a los derechos humanos.
Esta situación ha impulsado y alimentado la guerra y los conflictos por el control territorial y de la economía, en donde el abandono del Estado ha conducido a las poblaciones rurales a vincularse con la economía del narcotráfico y a la destrucción de la capacidad productiva y el abastecimiento alimentario. También, esto ha desbordado acciones de violencia y asesinatos contra líderes, lideresas sociales y defensores de los territorios, que se evidencia con las cifras entregadas por Indepaz, que entre el mes de enero y diciembre de 2021, han sido asesinados 162 lideres sociales y defensores de derechos humanos, 44 firmantes del Acuerdo de Paz y se han perpetrado 89 masacres. Varios temas elevan la preocupación por su significado para la vida e integridad de las comunidades y sus territorios.
La deforestación en la Amazonía, el intento por reanudar las fumigaciones y los mecanismos de represión a los cultivos de coca y también las medidas legislativas y gubernamentales, que vulneran los derechos de la población y que afectan seriamente a las comunidades. En la Amazonía, según la FCDS, se perdieron 73.134 hectáreas de bosque entre abril del año 2020 y marzo del año 2021, por actividades como la ganadería extensiva, agroindustria, cultivos de uso ilícito, extracción de madera, especulación de tierras y minería. La deforestación en esta región, está acompañada de la apertura de nuevas vías, entre los años 2020 y 2021 se abrieron 304 kilómetros.
De igual manera, en la Amazonía y otras regiones biodiversas se presenta la expansión de coca, como los intentos del gobierno nacional, auspiciado por Estados Unidos para reanudar las fumigaciones, pese al fracaso que ha significado esa política estatal de control de cultivos de uso ilícito, que se ha fundamentado en la fumigación aérea y en la persecución de los más débiles de la cadena. El nuevo gobierno de Estados Unidos ha planteado implementar una “nueva estrategia” que se basa en la reducción de la oferta de drogas, la seguridad y desarrollo rural integral, y la protección del medio ambiente; pero el gobierno de Colombia insiste en reactivar la fumigación aérea como herramienta para controlar estos cultivos.
También se observa con preocupación el avance del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria – SNIA, que si bien sale del Acuerdo de Paz, en realidad busca modernizar el campo mediante incentivos para la producción agroindustrial basada en la innovación biotecnológica protegida por propiedad intelectual; pero se omite la protección de la agrobiodiversidad del país, los saberes de los pueblos como fuentes de innovación para el desarrollo de sistemas de producción sostenibles, acordes con las condiciones ambientales, socioeconómicas y alimentarias de sus territorios.
Los poderes ejecutivos y legislativos junto a los organismos de control del Estado, cada vez cercenan más los espacios de participación ciudadana para la toma de decisiones sobre los proyectos legislativos que vulneran sus derechos colectivos e individuales. Es así como el gobierno nacional y las empresas desconocen los resultados de las consultas populares, que rechazan los proyectos extractivos y la Corte Constitucional les dio la estocada final y terminó prohibiendo este mecanismo para asuntos extractivos, devolviendo las decisiones sobre el desarrollo al gobierno central, negándole a las autoridades locales y excluyendo la voluntad popular local en la capacidad para proteger sus territorios. Adicionalmente, el Estado para legalizar el desarrollo de megaproyectos extractivos, incorpora en la legislación nacional, figuras jurídicas como la “utilidad pública”, que son presentados como oportunidades de bienestar, prosperidad, fuente de riqueza y redistribución de beneficios, con el fin de justificar estos megaproyectos que resultan afectando los ecosistemas y a las comunidades.
El país desde hace mas de dos décadas ha venido progresivamente perdiendo la autonomía en la producción alimentaria, debido entre otras causas, a la importación masiva de los alimentos básicos y a las equivocadas políticas del sector agropecuario que abandonó a su suerte la producción campesina, familiar y comunitaria. El abastecimiento alimentario y sus problemas no corresponden únicamente a la coyuntura actual, tampoco a los bloqueos en el Paro Nacional. En medio de la pandemia se cerraron plazas de mercado y se restringió el acceso de los campesinos a espacios públicos para vender sus productos en los centros urbanos y especialmente las poblaciones más vulnerables no tuvieron acceso a los alimentos básicos, presentándose situaciones de hambre bastante dramáticas.
Ante este complejo y difícil panorama de conflictos socioambientales que enfrentan en el campo colombiano, existen numerosas iniciativas y procesos de articulación que implementan acciones de resistencia y movilización, a su vez, surgen y se fortalecen estrategias de cuidado de los territorios para garantizar una economía popular y solidaria, la producción agroalimentaria biodiversa y agroecológica, que buscan hacerle frente a la crisis climática
y alimentaria y a la defensa del agua como un bien común para la vida.
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